En medio de la disputa del gobierno deJavier Milei con las organizaciones sociales por los fondos para los comedores, el juez federal, Sebastián Casanello, ordenó al Ministerio de Capital Humano nacional que presente en el plazo de tres días un “plan de distribución inmediata” de alimentos, que se encuentran en depósitos o galpones, “a los sectores que padecen inseguridad alimentaria”.
El magistrado de Buenos Aires libró “orden de presentación” para que se informe la cantidad, especie, fecha de vencimiento y otros detalles de los alimentos hallados en los depósitos. Según se denunció, serían más de cinco millones de kilos de comida que fueron comprados por el gobierno anterior de Alberto Fernández.
La medida fue ordenada en la investigación iniciada por una denuncia penal contra el gobierno de Javier Milei por la supuesta interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios avanza y ahora intimaron a la ministra Sandra Pettovello a informar dentro de tres días sobre las toneladas de alimentos que están en depósitos, consignó el medio Ámbito.com.
En febrero pasado, referentes de organizaciones sociales, entre ellos, el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, presentaron una denuncia contra Pettovello. En la acusa se planteó incumplimiento de los deberes de funcionario público “por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina”. El dirigente amplió la denuncia días atrás.
De acuerdo con la denuncia original de Grabois, e impulsada por la fiscal Paloma Ochoa, la ministra estaría “violando normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema”.
Indagatoria
A través de los medios de Buenos Aires, se conoció también que Casanello citó a indagatoria a referentes de la organización Polo Obrero (PO) por la causa en la que se investiga extorsión a beneficiarios de planes sociales. Entre los dirigentes llamados, figura el líder de la agrupación, Eduardo Belliboni.
El juez Federal resaltó en la citación cómo las personas vulnerables recibían esos planes a través de la intermediación de las organizaciones y cómo se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
“Lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, afirmó Casanello. Incluso, señaló que se ”exigía a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa a concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”, conforme a lo publicado por Infobae.
El magistrado convocó a indagatoria a Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches para el día 11 de junio; Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper para el día 12 de junio; Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli para el día 13 de junio; Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez para el día 18 de junio y Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma para el día 19 de junio. La ronda termina con la citación a Eduardo Silvio Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz para 25 de junio.